La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo descartó este viernes, negociar el Tratado de Aguas de 1944 que se tiene con Estados Unidos y dejó en en claro que dicho acuerdo «es justo».

«No creo que deba negociarse, es un tratado justo (…) Es un tratado que establece que Estados Unidos entrega agua por el río Colorado y México entrega agua por el río Bravo. Es un tratado justo. De hecho, entrega más Estados Unidos de lo que nosotros entregamos porque así es la cantidad que hay en cada lugar, no es más que eso técnicamente establecido”, indicó.

Las declaraciones de la mandataria federal se dan luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusara a México de violar el Tratado de Aguas de 1944,  y aseguró que era una actuación «injusta», ya que perjudica a agricultores de Texas. 

“¡ESO SE ACABA YA! Me aseguraré de que México no viole nuestros tratados ni perjudique a nuestros agricultores texanos”, dijo en su red, Truth Social.

El Gobierno mexicano anunció este miércoles una inversión de 624.618 millones de pesos (32.865 millones de dólares, según el tipo de cambio proporcionado) para alcanzar la autosuficiencia eléctrica en medio del proteccionismo de Estados Unidos.

La inversión, que se ejecutará en la actual Administración (2024-2030), incluye proyectos de generación, transmisión y distribución, que son parte de los 18 puntos que presentó la presidenta, Claudia Sheinbaum, la semana pasada para responder a los aranceles del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

“La energía es un habilitador del ‘Plan México’ necesario, este objetivo de tener electricidad suficiente es un objetivo transversal a todos los demás, si existe energía es posible que se puedan generar todos los demás derechos», declaró la secretaria de Energía, Luz Elena González, en la conferencia matutina del Gobierno.

La principal inversión, detalló la funcionaria, será de 427.624 millones de pesos (22.377 millones de dólares) para proyectos de generación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que adicionará 22.674 megawatts (MW) de capacidad.

Esto incluye poner este año en funcionamiento cuatro plantas de ciclo combinado y siete hidroeléctricas, además de licitar cuatro nuevas de ciclo combinado, una de combustión interna y dos solares.

«También se considera, de manera global, la incorporación de proyectos privados, en los cuales estamos pensando que se generen más de 6.400 megawatts, agregados a los más de 22.000 que se van a generar de la parte pública, y que estamos pensando que sean mayoritariamente para energías limpias y renovables», dijo González.

Asimismo, la meta hacia 2030 es construir 158 proyectos para fortalecer la red nacional de transmisión con 15.729 megavoltiamperios (MVA) al invertir 124.524 millones de pesos (6.156 millones de dólares).

Mientras que en distribución se construirán 97 nuevas subestaciones, se ampliarán 95 subestaciones existentes, se harán 6.875 de obras de modernización de redes y 42.221 obras de electrificación, con una inversión de 23.409 millones de pesos (1.225 millones de dólares).

Por otro lado, habrá una inversión de 18.916 millones de pesos (más de 935 millones de dólares) para 42.221 obras de electrificación que beneficien a 557.817 habitantes y permitan alcanzar dentro de cuatro años la cobertura eléctrica en el 99,99 % del país.

“Uno de los objetivos que buscó el cambio de las leyes secundarias y el cambio constitucional fue el reforzar el tema de justicia energética, poder volverlo a poner como una prioridad del Estado mexicano, y estamos ahorita reflejando en inversiones y haciendo viable el tema de justicia energética», argumentó la secretaria.

Fuente: XEU

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU aclara su procedimiento en virtud del artículo 34 de la Convención, luego de que Morena en el Senado de la República aprobara un pronunciamiento en contra de sus acciones en México.

Emitió la siguiente declaración:

“Al clausurar su 28º período de sesiones el 4 de abril de 2025, conforme la práctica establecida, el Presidente del Comité contra la Desaparición Forzada anunció públicamente todas las decisiones adoptadas por el Comité durante ese período de sesiones. Entre este contexto, explicó que el Comité había decidido activar el procedimiento del artículo 34 de la Convención con respecto a la situación de México.

El artículo 34 de la Convención dispone que “si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas.”

Desde el anuncio de esta decisión, las posiciones expresadas públicamente por diversos actores revelan cierta confusión en cuanto al procedimiento, y el Comité considera de suma importancia proporcionar información adicional para esclarecer la situación.

El Comité es el órgano de expertos independientes encargado de supervisar la aplicación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas por los Estados Partes.

La Convención ha sido concebida por los Estados Miembros de las Naciones Unidas para proteger a todas las personas de las desapariciones forzadas, prevenir su ocurrencia, prestar apoyo a las víctimas y orientar a los Estados sobre las medidas que deben adoptarse para promover los derechos de la Convención y mejorar la cooperación y la asistencia entre los Estados. El artículo 34 de la Convención es uno de los procedimientos que el Comité puede aplicar para alcanzar estos objetivos.

Para todas las actividades que le han sido encomendadas y de conformidad con su Reglamento, el Comité adopta sus decisiones como órgano colegiado, después de un análisis exhaustivo de toda la información disponible, y el Presidente es responsable de transmitir dichas decisiones, quedando bajo la autoridad del Comité.

El Comité desea destacar que, de conformidad con la Convención, su decisión de activar el procedimiento del artículo 34 se adoptó por consenso sobre la base de denuncias recibidas en virtud de esta disposición, pero también teniendo debidamente en cuenta los informes, la información adicional, las respuestas presentadas de manera constructiva por el Estado parte desde el 2014 en el marco de las peticiones de acción urgente, las comunicaciones individuales y el informe adoptado por el Comité tras su visita a México.

En este contexto, el Presidente compartió públicamente la decisión del Comité al final del período de sesiones, explicando que el Comité solicitará información al Estado Parte sobre las denuncias recibidas, “lo que no prejuzga de modo alguno las próximas etapas del procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención”.

El artículo 2 de la Convención define la desaparición forzada como “la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer la privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida;  que colocan a esa persona fuera de la protección de la ley”.

El artículo 5 de la Convención también establece que “[l]a práctica generalizada o sistemática de las desapariciones forzadas constituye un crimen de lesa humanidad tal como se define en el derecho internacional aplicable y acarreará las consecuencias previstas en el derecho internacional aplicable”.

Sobre la base de su experiencia y la de otros mecanismos de derechos humanos, el Comité considera que las circunstancias contempladas en el artículo 2 se aplican, entre otras cosas, a los denominados “grupos paramilitares”, pero también a las personas involucradas en la delincuencia organizada, incluidos los grupos o redes informales, desde el momento en que recibieron la autorización, el apoyo o la aquiescencia de una autoridad estatal. Las nociones de “autorización, apoyo o aquiescencia” han sido aclaradas por el Comité en su Declaración sobre los agentes no estatales en el contexto de la Convención (CED/C/10, párrs. 2 a 8).

El Comité también observa que entre el «derecho internacional aplicable», el Estatuto de Roma de la Corte Internacional -del cual México es parte- establece que las desapariciones forzadas son perpetradas «por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia», contemplando así la posibilidad de que las desapariciones forzadas sean cometidas directamente por «organizaciones políticas» distintas del Estado.

El Comité desea destacar y saludar la reiterada apertura del Estado Parte al escrutinio internacional y su contribución a la labor del Comité y de otros mecanismos de derechos humanos. Destaca además que todas las medidas adoptadas en virtud del artículo 34 y otras actividades encomendadas se han llevado a cabo con cuidado y con un gran sentido de responsabilidad por el mandato que le han confiado los Estados Partes en virtud de la Convención, con el fin de mantener la cooperación y los intercambios constructivos con México para lograr la plena aplicación de la Convención.”

Antecedentes:

El Comité contra la Desaparición Forzada monitorea la aplicación por los Estados Partes de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que hasta la fecha ha sido ratificada por 77 Estados Partes. El Comité está integrado por 10 miembros que son expertos independientes en derechos humanos procedentes de todo el mundo, que actúan a título personal y no como representantes de los Estados Partes.

Fuente: XEU