La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantener vigente la reforma electoral estatal que contempla anular una elección cuando se acredite la intervención del crimen organizado.
La legislación también establece restricciones para que personas vinculadas con actividades delictivas puedan contender por cargos de elección popular, de acuerdo con la explicación de la mandataria.
El tema será analizado este martes 29 de septiembre por el Pleno de la SCJN, como parte de las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra diversas modificaciones a la legislación electoral de Chihuahua. Entre los recursos se encuentra uno promovido por Morena.
Campos defendió la reforma como una respuesta ante la posibilidad de que grupos criminales intervengan en procesos electorales y sostuvo que Chihuahua incorporó mecanismos para evitar que esa influencia alcance las candidaturas o los resultados.
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