El gobierno mexicano, a través de su representación en la Organización de los Estados Americanos (OEA), votó en abstención durante la reciente sesión del organismo en la que se discutió la convocatoria a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores para tratar la situación en Nicaragua.
El embajador Alejandro Encinas argumentó que, aunque México mantiene un compromiso firme con los derechos humanos y las libertades fundamentales, la actual propuesta de la OEA corre el riesgo de transformar un problema político y social en una cuestión de seguridad hemisférica, una ruta que, a juicio de la diplomacia mexicana, resulta contraproducente.
Los riesgos de la «securitización»
En su intervención, Encinas subrayó que calificar la situación interna de Nicaragua como una amenaza a la paz y seguridad de la región no es solo jurídicamente cuestionable —al tratarse de un Estado que ya no forma parte del organismo—, sino que también es una estrategia históricamente fallida.
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